El Senado de Florida aprobó una nueva legislación que podría aumentar la protección de las personas mayores vulnerables contra la explotación y el abuso. El Proyecto de Ley 232 del Senado fue diseñado para permitir el enjuiciamiento de quienes se aprovechan de los adultos mayores vulnerables, un delito que ha ido en constante aumento en Florida, según datos del FBI.
El proyecto de ley define la explotación de los adultos mayores como la obtención o uso, mediante intimidación o engaño, de bienes de una persona mayor de 65 años, ya sea de manera temporal o permanente.
Según el proyecto de ley, privar a una persona mayor o discapacitada de sus bienes, beneficios o servicios honestos conllevaría una variedad de delitos graves. Si el monto del robo fue superior a $50,000, la pena podría ser de un máximo de 30 años de prisión.
El proyecto de ley también dice que no saber que una persona tenía más de 65 años no es una defensa. El enjuiciamiento por sobornar, abusar o intimidar a una persona mayor o discapacitada para obtener su propiedad, incluida la interferencia con la última voluntad y testamento de una persona mayor, según la ley de Florida, debe iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la ocurrencia del delito.
Sin embargo, si el fraude estuvo involucrado en el delito, el enjuiciamiento puede ocurrir hasta cinco años después de que se descubrió el fraude. Quienes conozcan o sospechen el posible abuso o fraude de una persona mayor o discapacitada deberán informarlo al Departamento de Servicios para Niños y Familias a través de su línea directa. Línea directa de abuso de Florida al 1-800-96-ABUSE (1-800-962-2873). Presione 2 para denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación de un adulto vulnerable.
Los profesionales médicos, los bancos y las instituciones financieras, los proveedores de atención profesional y los asesores de inversiones se mencionan específicamente en el proyecto de ley como los profesionales que serían responsables de informar cualquier actividad sospechosa relacionada con un posible fraude o abuso. La denuncia de fraudes o abusos es responsabilidad de todos los profesionales que trabajan con personas mayores.
Si nadie que tenga conocimiento de tales delitos denuncia el abuso o el fraude, podría ser acusado de un delito menor de segundo grado, que conlleva una pena máxima de 60 días de prisión y una multa de $500. Aquellos que hayan sido condenados previamente en cualquier estado o país extranjero por explotar a adultos mayores o discapacitados tendrán prohibido actuar como defensores o representantes personales.
Según el Informe de fraude de ancianos del FBI de 2021, Florida ocupa el segundo lugar en los EE. UU. en víctimas de fraude durante 60 años, con pérdidas totales equivalentes a más de $ 220 millones. El informe establece que uno de cada 10 estadounidenses de edad avanzada es víctima de algún tipo de fraude, con un monto promedio por víctima de aproximadamente $18,000.
El informe también afirma que las tendencias financieras y de pensiones se suman al problema, ya que los ancianos ahora son responsables de sus propios ahorros para la jubilación y muchos de ellos asumen deudas estudiantiles para sus hijos y nietos.
Esperemos que se apruebe este proyecto de ley para brindar una mayor protección a nuestros adultos vulnerables.
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